06 abril 2005

Otro abuso inaceptable

Las sociedades de gestión de derechos de autor, capitaneadas por la SGAE, a punto de conseguir otra victoria: más impuestos que gestionarán ellos. La ministra de cultura, Carmen Calvo, está dispuesta a aceptarlo.

Las sociedades de gestión de derechos de autor, capitaneadas por la SGAE, a punto de conseguir otra victoria: más impuestos que gestionarán ellos. Con el Gobierno Zapatero, los derechos de autor se han convertido en un chollo para los intermediarios. Las operadoras afirman que estos nuevos impuestos dificultan la implantación de la sociedad de la información. Industria se opone a los planes de Cultura. Los cánones por soportes informáticos o por banda ancha constituyen una subvención encubierta para los creadores más famosos.

Increíble pero cierto. O no tan increíble, porque ya lo consiguieron con los CD, donde ahora se aplica un impuesto extra, un canon, que roza el 30% de cada CD virgen vendido. Ahora, con los suyos en el poder (las asociaciones de gestión de derechos de autor lograron grandes éxitos crematísticos con el Gobierno Aznar, pero se encuentran más cómodos con Zapatero), los intermediarios de derechos de autor están a punto, según las informaciones que llegan a Hispanidad.com, de conseguir un nuevo chollo : que el Gobierno imponga a las operadoras de telefonía un canon, una tasa, un impuesto, por cada línea de ADSL que contraten. Es decir, fiscalizar la banca ancha.

Pero lo más curioso es que, contra todo pronóstico (en el sector confiesan que ni los intermediarios, capitaneados por SGAE, soñaban con tener tanto éxito), en el Ministerio de Cultura, que lidera Carmen Calvo, están dispuestos a aceptar las propuestas e introducirlas en el cuerpo legal, sea a través de una reforma del la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), sea a través de la futura regulación de derechos de autor que desarrollará la Directiva europea.

Naturalmente, las operadoras de telefonía, como Telefónica, Wanadoo, etc, repercutirían este coste al consumidor, con lo que el precio de la banda ancha subiría. Precisamente, la banda ancha, el soporte tecnológico de la sociedad de la información. Actualmente, sólo Telefónica cuenta con 2,5 millones de ADSL en España. El precio tipo de la banda ancha mínima son 40 euros al mes. Ahora imaginemos que Carmen Calvo atiende los deseos de estos defensores de los derechos de autor. Pues bien, si aplicamos el mismo canon que consiguieron con los CD (un 30%), la banda ancha subiría esa misma cantidad según la velocidad contratada. De paso, los operadores de telefonía jugarían el triste papel de recaudadores para la SGAE. Un cálculo muy prosaico nos llevaría a esta conclusión: 3 millones de líneas ADSL
existentes en España, a 40 euros al mes, supone unos ingresos de 120 millones de euros mensuales, unos 1.440 millones de euros al año. El 30% sale por los 432 millones de euros (por lo bajo, dado que el número de ADSL en España es superior a los 3 millones y no todos los abonados contratan el mínimo).

Por otra parte, con su campaña de lucha contra la piratería, los SGAE, AFIVE, Gedeprensa, etc han impuesto un argumento cuando menos singular: como no es posible controlar la piratería, lo que hay que hacer es cobrarle un impuesto, con el poder coercitivo del Estado, a buenos y malos, a legales y piratas. Si se utilizan los CD para grabar canciones o películas con destino al top-manta, canon sobre la venta de CD. Si se utiliza Internet para bajarse música o películas, canon sobre la banda ancha.

La última ceremonia de los Goya sirvió para escenificar la nueva reclamación. En presencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, muchos de los premiados, así como la propia Academia, insistían una y otra vez en que el Gobierno luche contra la piratería. Lo cierto es que las subvenciones públicas a cineastas y músicos "cantan" demasiado, a pesar de que ha sido la partida de los Presupuestos Generales del Estado que más ha aumentado desde la llegada del PSOE a La Moncloa. Si se piensa bien, un canon no deja de ser una subvención encubierta, de la que, por cierto, no se aprovechan todos los directores o todos los actores, sino sólo los más
famosos, aquellos que se apuntan a los intermediarios. Por eso, no es de extrañar que la Sociedad General de Autores haya pagado un anuncio en la prensa para felicitar a Amenábar por su Oscar. Los creadores menos conocidos, naturalmente, no ven un euro.

Como colofón, afirmar que la SGAE no sólo presiona a ZP para que envíe a la policía contra los negritos del top-manta, sobre todo, para que creen nuevos impuestos que les enriquezcan. No, en esta cuestión también han exigido a Carmen Calvo que se obligue por ley a las operadoras de telefonía a vigilar el uso que del ADSL hacen sus internautas asociados y a responsabilizarse de los actos de piratería (bajarse un disco, por ejemplo) que pudieran cometer sus abonados. Algo parecido a responsabilizar a Telefónica de que un terrorista haya utilizado su línea para planificar un atentado.

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