07 junio 2008

Ya son siete los imputados por el caso de la perrera de Puerto Real

El Juzgado Número 2 de Puerto Real ha imputado a otro trabajador de la perrera que la antigua Verde 6 gestionaba en aquel término municipal en el procedimiento penal abierto por delito de maltrato animal continuado, falsedad documental y denuncia falsa, según informó ayer en Cádiz Nacho Paunero, presidente de la organización proteccionista El Refugio, personada como acusación particular.

Con él son ya siete las personas imputadas en el primer proceso penal por un delito de estas características que se abre en España: el administrador único de la empresa, la directora, el veterinario titular y su antecesor y tres empleados. En cualquier caso, la jueza todavía tendrá que determinar las responsabilidades civiles y penales de cada unos de ellos.

Mientras tanto, la perrera donde se sacrificaron de manera lenta y agónica a más de medio millar de animales en sólo un año, según consta en la instrucción, continúa cerrada pese al levantamiento de la medida cautelar de clausura decretada por el juzgado por orden de la Audiencia Provincial. Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que no existe intención alguna de volver a abrirla, tras la petición que hizo la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.

El pasado martes 3 de junio comparecieron ante la jueza, en calidad de testigos, dos agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), un policía local de Puerto real y dos trabajadores de la perrera, añadió Paunero. Los guardias civiles ratificaron el atestado e insistieron en que, el veterinario titular reconoció que el medicamento que le proporcionaba la empresa para las eutanasias era mioflex, del que se hallaron ampollas vacías y varias cajas sin abrir.

Sin embargo, tanto el veterinario titular como su antecesor, declararon que sólo usaban esa sustancia post mortem con el fin de evitar el rigor mortis y que los cadáveres de los perros entrasen con facilidad por la boca de la incineradora, explicó a este periódico Felipe Meléndez, abogado de la empresa y su propietario. Meléndez precisó que ambos mantienen que en la eutanasia utilizaron otra droga y llamó la atención sobre el daño causado a los trabajadores despedidos tras el cierre de la perrera.

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