28 octubre 2008

Investigan al presidente costarricense, Óscar Arias, por política contra el medio ambiente



Ironías de la vida: El firmante 1.000.000 de la DUBA , aquella campaña de WSPA de que "Los animales me importan", el Presidente de Costa Rica Dr. Oscar Arias será investigado por "prevaricato" por conceder permisos para explotar una mina de oro.

Lo dije en su momento: aquella firma no fue más que una foto cara a la galería.

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La Fiscalía costarricense le ha abierto una investigación junto a su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, por conceder los permisos para explotar una mina de oro cerca de Nicaragua.

El alto costo ecológico de esta acción desconcuerda con la política de 'paz' con la naturaleza que promueve el gobierno.

La Fiscalía General investigará a Arias y a Dobles por si existe 'prevaricato' en su decreto del 17 de octubre en el que declaran de 'interés público y conveniencia nacional' la explotación de dicha mina por la empresa Industrias Infinito S.A, pese a
'la corta de árboles en terrenos cubiertos de bosque'.

En total, está prevista la tala de 262 hectáreas de bosques, en los que abundan el almendro amarillo, una especie altamente protegida en todo el país, que da de comer a las lapas o guacamayas verdes, en grave peligro de extinción precisamente por la desaparición de su hábitat.

El prevaricato o prevaricación es un delito que comete una autoridad, funcionario público o magistrado al dictar a sabiendas una resolución que no se ajusta a la ley.

Por su parte, la fiscalía regional de San Carlos, en cuyo término municipal se encuentra el Proyecto Minero Crucitas, abrió una investigación por supuesta violación de la legislación ambiental y ha solicitado al juez una medida cautelar para impedir la construcción de instalaciones de la mina dentro del área protegida.

La fiscal de San Carlos Alba Campos declaró que desde que se publicó el decreto presidencial, el pasado viernes, la empresa ha hecho en tres días "viernes, sábado y domingo, toda una devastación".

Los árboles de dos de las cuatro áreas en que ha quedado dividido el proyecto han sido prácticamente talados, aseguró Campos.

Las primeras gestiones para explotar la mina de Las Crucitas datan de 1994 con la empresa canadiense Pacer Dome, que se retiró cuatro años después, pues sucesivos fallos de la Sala Constitucional habían impedido hasta ahora que se iniciara la explotación.

La firma, que invertirá 65 millones de dólares en este proyecto, espera extraer 700.000 onzas de oro en 10 años, a lo largo de los cuales dará trabajo directo a unas 250 personas.

También se ha comprometido a sembrar 49,8 árboles por cada árbol que se tale y la creación y conservación de un corredor biológico dentro de sus prioridades.

Por su parte, el gobierno recibiría en concepto de impuestos 70,3 millones de dólares en este periodo, según el decreto.

El lunes, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió un recurso de amparo de un ciudadano y ordenó suspender de manera inmediata el permiso concedido por el gobierno a la empresa minera.

Líderes de organizaciones ambientalistas y de comunidades aledañas al proyecto minero han advertido que, además de la deforestación, éste causará contaminación de las fuentes de agua de la zona con sustancias altamente tóxicas como el cianuro.

El controvertido proyecto afecta también -según los ambientalistas- a los intereses de Nicaragua, pues se desarrolla a escasos 3 km del río San Juan, que sirve de frontera y que -según expertos de ambos países- resultará inevitablemente contaminado con los tóxicos, sobre todo el cianuro que se emplea en la extracción del oro, al igual que sus afluentes.

Esta decisión contrasta con la política de Arias, Premio Nobel de la Paz 1987, que ha hecho de la protección del medio ambiente uno de los estandartes de su gobierno, y de la imagen que proyecta el país, que promueve el turismo ecológico ante los casi dos millones de personas que anualmente lo visitan.


San José
AFP

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